03/07/2025
El juez ha decretado que no existe causa penal y desde el Ayuntamiento se confía en que la vía del contencioso permita recuperar el dinero que se pagó de más a esta UTE.
El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha comparecido para explicar la sentencia dictada por la Audiencia Provincial en la que archiva la denuncia presentada por el Consistorio contra la UTE Zamora Limpia, en la que se reclamaba la devolución de algo más de 9 millones de euros, al estimar que no existen personas a las que atribuir responsabilidades penales.
Desde la intervención municipal se elaboraron informes en los que se indicaba que en los más de 20 años de servicios de la UTE Zamora Limpia, se pagaron de forma indebida 9.123.000 euros, que el Ayuntamiento quiere recuperar. Ese informe fue elevado al Pleno para su aprobación, presentándose la correspondiente demanda.
La Audiencia Provincial ha archivado el caso y “cuando nos lo comunique” se activará de forma automática el contencioso-administrativo que ya estaba en marcha y que se paralizó al tramitarse por vía penal, ha señalado el alcalde zamorano.
Guarido ha explicado que la causa principal de estas cantidades reclamadas fue la amortización de los vehículos que se pagaron durante diez años de manera indebida, junto con otros conceptos que se pagaron y otros asuntos relacionados con cuestiones de personal que la empresa incumplió.
El alcalde de Zamora ha señalado que, a esta situación se une el que durante dos años el Ayuntamiento dejó de pagar la cantidad que recogía el contrato de 550.000 euros afrontando solo los gastos de nóminas del personal, unos 320.000 euros, por lo que la UTE presentó una reclamación para cobrar la parte que faltaba.
“Ahora se activará el contencioso y esos dos temas, la reclamación de la UTE y el acuerdo de Pleno, se unirán en un único asunto que se determinará en el contencioso-administrativo que se ponga en marcha”, explicaba Guarido, quien añadió que el auto indica que “gastar no es malversar, por lo que hubo una transferencia de dinero a una empresa privada, y si no hay causa penal es por negligencia o desidia del funcionario implicado”.
Por último, Guarido ha señalado que “aceptamos la decisión, pero lo que queremos es recuperar todo el dinero o al menos parte del mismo”.