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El Ayuntamiento inicia el proceso de recuperación para la ciudad de las Aceñas de Gijón y también las de Olivares

26/01/2022

El contrato de la ORA se ampliará en cinco meses, en compensación por el periodo que se suspendió el servicio durante la primera fase de la pandemia

El Ayuntamiento de Zamora solicitará formalmente a la Confederación Hidrográfica del Duero la concesión de aguas superficiales para usos recreativos tanto de las aceñas de Gijón como las de Olivares, "con el objeto de rescatar los ingenios hidráulicos y proceder a su recuperación como recurso de interés turístico y cultural". La propuesta, que se presentará mañana a dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda para su aprobación en el próximo Pleno municipal, incluye la delegación de competencias en el alcalde para que pueda llevar a cabo los trámites necesarios, tanto ante la propia Confederación como con cualquier otra institución o entidad a fin de conseguir ese objetivo. Según ha manifestado hoy el propio Francisco Guarido, lo que se va a hacer es tramitar formalmente la misma petición que ya había formulado como alcalde a la propia Confederación, y para ambas aceñas, ya que tal petición debe sustentarse en un "acuerdo de Pleno".

Guarido dio cuenta de la primera respuesta de la CHD sobre las aceñas de Gijón, en 2020, en el sentido de que la concesión de aguas caducó en 2008, que una vez que transcurren tres años desde la caducidad la concesión se da por totalmente extinguida y que, de acuerdo con la Ley de Aguas, el inmueble "pasa automáticamente a ser propiedad de al CHD, independientemente de cualquier transacción de tipo privado que pudiera haber habido en años anteriores". En base a esta afirmación el Ayuntamiento entiende que también las aceñas de Olivares, cuya concesión de aguas está igualmente extinguida desde principios de los años 80, deben ser de titularidad de la Confederación, por lo que se considera como fraudulento el contrato de compraventa formalizado en 2017 por la Comunidad de Regantes Valbueno, "por un precio simbólico de mil euros y por unas edificaciones en ruina", cuando ya se habían invertido el su recuperación más de dos millones de euros de fondos europeos.

Francisco Guarido no entiende que la CHD pretenda desentenderse del asunto de titularidad de las aceñas de Olivares, siendo el caso idéntico a las de Gijón; por lo que considera que "independientemente de las compraventas que haya habido, de los notarios que hayan intervenido, o de los registros que haya habido, la propiedad es exclusiva de la Confederación Hidrográfica del Duero". Y como la propia CHD no quiera reconocer este hecho el alcalde anuncio que el Ayuntamiento, "haciendo valer los derechos públicos" va a intervenir a través del Juzgado, para lo que ya se han contratado los servicios de una abogada experta el derecho civil, "porque estamos obligados a defender los intereses públicos, aunque esos intereses correspondan a otra administración" como es en este caso la CHD. Guarido dijo que, independientemente de la postura de Confederación, el Ayuntamiento solicitará la concesión de las aguas en Olivares, "por responsabilidad pública y para hace lo mismo que ya se está haciendo en las aceñas", ya que el Ayuntamiento dispone del derecho de uso de las aceñas hasta 2028 en base a un convenio firmado en los años 90 por el alcalde Antonio Vázquez, "con los que entonces decías que eran sus propietarios".

Y respecto a las aceñas de Gijón el alcalde informó que el Ayuntamiento dispone ya de un proyecto de recuperación, elaborado por el arquitecto Pedro Lucas del Teso, por importe de 631.000 euros y se ha obtenido ya de fondos europeos una subvención del 50% de la inversión, lo que confirma el propósito de recuperación y consolidación de esa construcción para uso turístico y recreativo.

La Comisión de Hacienda dictaminará también mañana la propuesta de compensación a la empresa concesionaria del servicio de ordenación y regulación de aparcamientos en superficie -ORA-, de acuerdo con el decreto del Gobierno que establece que las empresas concesionarias de servicios públicos que se hayan visto perjudicadas por la suspensión o reducción de esos servicios a causa de las medidas adoptadas durante el estado de alarma deberán ser compensadas. El cálculo de la cuantía a la que ascienden esas pérdidas asciende a 53.021 euros, correspondiente a un periodo de cinco meses y tres días, que pueden ser compensados económicamente o con la ampliación del contrato en el mismo periodo de tiempo. En ese caso la propuesta es la de ampliar la concesión en esa misma proporción, siempre que la empresa esté totalmente conforme con ello.



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